Antes de lo previsto comenzaron las quemas en el pantanal brasileño y boliviano y los incendios forestales ya se han devorado miles de hectáreas de bosques y pastizales. En La Paz, un grupo de 8 senadores, presentarán en las próximas horas un proyecto de ley denominado “Prevención de quemas e incendios y restauración de las áreas afectadas”, conocido como ley Contra incendios y quemas, donde se mejora lo que había presentado el año anterior. El proyecto busca ser tratado en ese cuerpo legislativo la esta semana.
“Presentamos la abrogación del paquete de leyes incendiarias (337, 502, 739, 740, 741, 952, 1098, 3874, 1171, 3973) a las que se añadieron otros elementos. Estas son las 6 grandes temáticas entre los que figuran erradicación de los incentivos para los incendios, el desmonte y la quema ilegal. En muchos casos las quemas legales o ilegales se constituyen en fuentes de incendios forestales”, dice la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena.
El proyecto busca eliminar ciertos incentivos denominados ‘perversos’ que accionan en las normativas vigentes y en las prácticas agropecuarias. Enfatizan sobre el hecho de que las multas ‘no asustan a nadie’ y tampoco representan lo que se pierde, lo que Requena denomina una “una aberración política pública”. El cuerpo de senadores que presenta el proyecto también propone el fin de los perdonazos, “la otorgación de derechos mineros en lugares que se han quemado, pero que son áreas protegidas, es otro incentivo que se vuelve una forma de alentar a la gente para que lo haga”, dice.
La revalorización del bosque en pie es el tercer punto que se propone incluyendo la valorización de territorios no boscosos, incluyendo los pastizales, también importantes como fuentes de agua. “Proponemos una correcta aplicación de la Función Económica Social (FES) totalmente sostenible y eso es lo contrario a lo que pasa ahora, que deforestan para demostrar propiedad de la tierra y dicen: así pruebo que estoy trabajando mi tierra y resulta que están tumbando el bosque más rico y más biodiverso”, argumenta Requena en una de las claves del proyecto donde se justifican talas, deforestaciones y quemas en nombre al cumplimiento de la FES.
Lo legisladores coinciden en señalar que, tras revisar las normativas vigentes, no hay ningún lugar que exprese que se deben “limpiar” espacios del bosque para justifica una actividad económica. “Esa mala práctica nos ha llevado a este delirio, en ningún lugar dice que la FES tiene que ser devastadora y que hay que talar el bosque. Lo que pasa es que el Estado está siendo incapaz de hacer cumplir sus propias normas y tener una visión apta para el siglo XXI”, dice Requena.
Argumentan que no es una ley declarativa, sino que intenta ingresar en los mecanismos de gestión pública para efectivizar el cambio. “Ahí están los certificados de manejo responsable de predios, pero también hay modelos agrícolas que posibiliten sistemas agroalimentarios que sean sostenibles y que todo eso se debe promover desde el estado. La FAO, por ejemplo, tiene varios mecanismos para diferentes ecorregiones con el fin de resguardar la diversidad biológica, es decir hay que cambiar de mentalidad de cómo se hace la agropecuaria en un país que le llama desarrollo a la devastación de la base que sostiene todo, la vida, empezando por el aire, el agua, los suelos, etc.”, argumenta la senadora de Comunidad Ciudadana.
Dentro del paquete de propuestas se busca categorizar las prácticas sostenibles y regenerativas de la agricultura, así como también determinar qué parámetros corresponden en cada ecorregión. Hace énfasis también en la construcción de un programa para evitar la degradación y desertificación de los suelos, un tema preocupante en varias regiones de Bolivia.
En el punto cuarto se insta al manejo transparente y eficiente de las instituciones del Estado. La falta de información de parte de las instancias estatales, la demora de respuestas de parte del del INRA por ejemplo y de la ABT restringen y demoran los procesos que se necesitan para emprender nuevas opciones en la producción. “A este sistema le hemos llamado nosotros un catastro agroforestal y que además esa información debe ser pública. Las denuncias debieran ser públicas (ABT– INRA – AJAM, etc.) y la obligación de los funcionarios públicos de constituirse en querellantes por los delitos ambientales”, reflexiona la senadora a tiempo de sostener que los querellantes son la sociedad civil y el Estado mira de palco, cuando son los mismos funcionarios quienes están obligados a presentar información pública sobre desmonte y la quema, en vez de protegerse con evasivas.
El quinto punto del proyecto señala la obligación que tiene el Estado a ayudar a retornar a los campesinos o indígenas a sus hogares después de que se les queman sus territorios, su producción, sus casas y sus enseres.
“Después de un incendio (accidental u ocasionado por terceros) se convierten generalmente en comunidades desplazadas porque no hay suficiente apoyo para que puedan regresar, no solo a construir sus casas, sino a regenerar sus cultivos, a reforestar y recomponer esa situación dramática. A menudo se lo hace adrede, le queman sus territorios y los hacen abandonar para luego entrarse y poner monocultivos. El Estado está en la obligación de reponer y reparar y acompañar a las comunidades a que puedan volver a sus comunidades”, remarca Requena.
El sexto y último punto de reforma se basa en la protección de la fauna silvestre incluyendo flora. Tras los incendios, argumentan que se deben declarar las vedas de caza de animales. Las especies huyen del fuego y mucha gente en vez de protegerlos los cazan.
La senadora Requena, en exclusiva con SOStenibles admite que no es fácil aprobar una ley así, sin el apoyo de quienes están en el Gobierno, pero “por lo menos tenemos un estándar de lo que debería hacer y seguramente con la sociedad civil lo podremos enriquecer. Al ser un problema reconocido por toda la sociedad boliviana el Gobierno y los espacios como la vicepresidencia están interesados en decir ‘Hicimos algo’. Creo que es una oportunidad de convergencia”, finaliza.
El propósito de esta acción legislativa es lograr una ley que genere cambios concretos. En el proceso la estrategia es hacer pedagogía y crear conciencia para evitar más desgracias ambientales como se han experimentado en los últimos años.
Los senadores y senadoras involucrados en el proyecto son: Cecilia Requena, Andrea Barrientos, Walter Justiniano, Nely Gallo, Fernando Vaca, Santiago Ticona y Neila Velarde
