El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, se pronunció la semana anterior sobre la situación de Bolivia, que calificó de “profundamente preocupante”. Mediante su cuenta de X, instó a que el Estado boliviano deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales, que a menudo son indígenas. Solicitó además que se implementen leyes ambientales y cambien la economía extractivista. “Los derechos humanos dependen de una acción rápida”, dijo Boyd.
Por su parte el representante de Human Rights Watch, César Muñoz, compartió una publicación, donde se establece que el 2023 en Bolivia fue el tercer año consecutivo con récord de destrucción de bosque primario, causada por incendios y por la expansión agrícola.
Muñoz comentó que “continúa el desastre ambiental en Bolivia” y señalo que “el gobierno debe proteger los ecosistemas bolivianos”. En el mismo hilo de comentarios, el activista Franco Albarracín comentó que en Bolivia se vive una crisis ambiental con incendios, extractivismo, contaminación y persecución a defensores ambientales.
El Relator de la ONU también escribió: “No a la extracción de recursos industriales en parques nacionales y otras áreas protegidas. Estos son lugares donde anteponemos los derechos de las comunidades locales y los derechos de la naturaleza a los intereses corporativos”.
La reacción de David Boyd fue también al reportaje: “¿Poder para el pueblo? La búsqueda de gas en Bolivia apunta a parques nacionales y divide a las comunidades”, difundido por The Guardian.