El nuevo Reglamento interno para la realización de acciones contra la explotación Ilegal de recursos minerales, aprobado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), suprime los operativos en contra de la minería ilegal y los reduce a trámites burocráticos en una larga ruta crítica por varias dependencias. Además, delega funciones operativas al Ministerio de Gobierno.
El artículo 11 del reglamento sobre “la ejecución de la inspección in situ” señala: “Constituido el personal técnico y legal en el lugar de la denuncia, en caso de identificarse a personas realizando explotación de recursos minerales, efectuará el relevamiento de información y entregará el Formulario de Cese de Actividad Minera, documento que servirá para la emisión del Informe Técnico Legal de la inspección In Situ y la resolución de suspensión de actividades ilegales”.
“Hoy más que nunca se deja en completa indefensión a los habitantes del Estado boliviano, ya que el mismo suprime por completo todas las acciones operativas, entendidas como delito en flagrancia, en el entendido de que dicho reglamento, ahora, solo establece dos vías para la atención de las denuncias”, señala el abogado especialista en minería ilegal, Jaime Cuéllar.
El jurista advierte que solo se podrá realizar la elaboración de un formulario de cese de actividad minera y no así operativos a cargo de esta entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia. “La acción es por demás risible ante el hecho de que ningún actor delincuencial se identificará y mucho menos realizará la recepción de un formulario de cese de actividades”, advirtió.
La AJAM dio a conocer a través de sus redes sociales, que desde el 6 de marzo está disponible la versión impresa de la Gaceta Nacional Minera Especial, la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/16/2023 que aprueba el Reglamento interno para la realización de acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales.
“Con este reglamento, se otorga de manera objetiva la función de lucha contra la minería ilegal al Ministerio de Gobierno, delegando así una función, atribución y tarea específicas de la AJAM, al Ministerio que no posee las capacidades técnicas ni legales para entender este ilícito”, afirma Cuéllar, quien fuera por varios años el responsable operativo de la lucha contra la minería ilegal.
Para el jurista desde el Gobierno no se está entendiendo que la minería ilegal es un delito transversal, y por tanto, su lucha debe ser de manera integral. Sostiene que las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, también se conectan con el tráfico de mercurio y el narcotráfico. “No es menor el hecho de mencionar que la AJAM después de varios meses, en el caso de la Policía boliviana, y a más de dos años, en el caso de las Fuerzas Armadas, no pudo lograr la suscripción de mecanismos de cooperación demostrándose así que el Estado a través de su institucionalidad, no desea hacerle frente a este ilícito transnacional”, dijo. Al limitarse las funciones de la AJAM a solo tareas administrativas en contra de la minería ilegal, Cuéllar advierte que delega de manera irregular sus funciones operativas al Ministerio de Gobierno, situación que generará el monopolio de combate a un ilícito para el cual no está preparado dicho ministerio.
El reglamento se da en medio de un contexto internacional en el que el precio del oro se ha disparado, alcanzando los 2.304 dólares la onza (+0,99%), según los datos de la bolsa Comex. El 1 de marzo, una onza costaba 2.091 dólares, lo que significa que, en solo un mes, el valor del metal precioso ha aumentado un 10%.
En el caso de Bolivia, más del 90% de la explotación aurífera está en manos de las cooperativas mineras auríferas, muchas de las cuales se asociaron de manera ilegal a capitales extranjeros, sobre todo chinos y colombianos. Las cooperativas mineras no pagan impuestos y solo dejan regalías que oscilan entre 1.7 y 2.5% del valor de las exportaciones, aun así, presionan para explotar en áreas protegidas. (Con datos de Erbol)
