Una nueva investigación sale a la luz. Se trata de La Casa despojada, la conflictividad ambiental en Bolivia, que analiza el tema en un periodo desde 2016 al 2023.
Los investigadores María Soledad Quiroga (directora de Fundación Unir), Pablo Ríos, Huascar Pacheco y Nicolás Urioste, como asistente de investigación, fueron los encargados de publicar este estudio que se ha presentado en La Paz hace unos días. Este grupo de estudiosos identifica 5 grandes campos de afectación: la contaminación, la pérdida del bosque (deforestación), agua, sequía y escasez y obras de infraestructura. Con esta división buscan darle un rostro a los conflictos que se generan a los que denominan ‘presiones ambientales’.
De acuerdo a uno de los autores, han definido dos campos de actores: las víctimas y los que generan la afectación. “En el caso de la actividad minera tenemos las cooperativas mineras que se movilizan reclamando mayores beneficios y por otro lado las comunidades indígenas y campesinas que ven contaminadas sus fuentes de agua, la misma tierra, sus territorios, etc”, dice Huascar Pacheco.
A pesar de las normativas y leyes que enmarcan las actividades no hay un cumplimiento estricto ni tampoco un control que valide o invalide, según los casos, las actividades en diferentes disciplinas y este es uno de los puntos fundamentales del trabajo a decir Huáscar Pacheco, uno de los autores.
“Más bien existen leyes, hay suficiente normativa, pero no hay un cumplimiento efectivo. Por el lado de la contaminación están los mineros, pero también los poderes subnacionales que son los encargados de la gestión de los residuos sólidos (basura) y no lo hacen de la manera adecuada. En el caso de la desforestación hemos identificado tres grandes actores, interculturales, menonitas y la agroindustria, que no es un actor directo de los conflictos, pero está relacionado. El Estado está siendo interpelado por su rol de dirimidor y porque no está haciendo cumplir temas como por ejemplo, avasallamientos de tierras. El mayor demandado en este punto es el Estado por más de la mitad de los casos”, dice el investigador.
Lo mismo ocurre respecto a la contaminación, donde el Estado es también el mayor demandado. Pacheco asegura que en ese período de investigación registraron 384 conflictos ambientales en el país, dandose un conflicto cada 3 o 4 días y un 7% de estos conflictos ha llegado a algún nivel de acuerdo entre las partes, el resto no se tiene información o con el tiempo se desactivaron, en otros casos, aunque observan que existe una tendencia a que (los casos irresueltos) se vuelven más violentos.
De acuerdo a los autores el estudio requirió de unas 70 entrevistas a actores afectados en 7 departamentos y se han enviado alrededor de 20 notas a autoridades estatales, como ministerio de medio ambiente, entre otros, pero que no han recibido respuestas. “Solo la AJAM nos ha respondido diciendo que no es un tema que le compete y que no podía darnos una entrevista. Hemos insistido y no hemos tenido ninguna respuesta”, dice.
SOStenibles le consultó sobre las conclusiones respecto al modelo extractivista, ¿por qué cree que sigue triunfando este modelo?
“Partimos la investigación justamente con una frase que alguien dijo: El extractivismo hoy en día goza de muy buena salud. Hemos visto que el extractivismo como modelo impulsado desde el Estado y a pesar de la compleja situación que vivimos, sigue siendo rentable y está generando réditos económicos y políticos porque además los actores no solo responden a intereses económicos y políticos, sino que están relacionados a temas de tierras y de otra índole”, dice el investigador de la Fundación UNIR.
Los nuevos desafíos que están propuestos en el libro, que será presentado este jueves 11 de julio en la Utepsa de Santa Cruz de la Sierra, buscan generar el debate de los temas álgidos del medio ambiente y sus consecuencias afinando la puntería sobre el rol fiscalizador del Estado en este tipo de afectación. “En la medida que se sigan generando réditos por este tipo de modelo las afectaciones van a seguir incrementándose”, dice el también politólogo sustentándose en que el cooperativismo minero ha generado más de 3.000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, la agroindustria ha generado otros pares de miles de millones, “cifras que demuestran que es muy difícil pensar que eso se pueda frenar”. No obstante Pacheco enfatiza que es el Estado quien debe cumplir su rol de fiscalización, por ejemplo, a las cooperativas que tengan la licencia ambiental de funcionamiento, a pesar de que “sabemos que un porcentaje muy bajo de ellas actualmente lo tiene”. Por otro lado, advierte en el campo de la deforestación que los costos de resarcimiento económico por hectárea deforestada son casi simbólicos. “Apuntamos a eso, aunque todo parezca negro desde la sociedad civil hay varias iniciativas que están trabajando en temas de denuncias, de fortalecimientos de organizaciones y demás”.
Para Pacheco “puede ser interesante para el lector de este libro la unión entre el estado de situación, los conflictos ambientales y la voz de la gente de los afectados de estos conflictos”, concluye.
Algunos datos que arroja el estudio
Se registraron 384 conflictos ambientales en el periodo estudiado, representando el 5.6% del total de conflictos sociales en Bolivia.
Los temas que generaron más conflictos fueron: contaminación (46.4%), uso del suelo (20.1%) y escasez de agua (15.1%).
Los principales actores demandantes fueron: vecinos urbanos y rurales (48.8%), sector agropecuario campesino (17.1%) e indígenas (13.1%).
El Gobierno central fue el principal demandado (37.3%), seguido por gobiernos municipales (24.6%) y departamentales (14.9%).
Los departamentos con mayor incidencia de conflictos ambientales fueron Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
El 26.6% de los conflictos ambientales presentó niveles altos o medio-altos de radicalidad, superando el promedio general de conflictividad social.
