Por Leonardo Tamburini
El anuncio de construir una carretera que de norte a sur conecte el municipio de Roboré con el distrito de Agua Dulce en el Chaco paraguayo sonó como una artera daga directa al corazón del Ñemiguasu[1] o “gran refugio”, territorio ancestral y área de conservación guaraní ubicado en Autonomía Indígena Charagua Iyambae. Daga, según la RAE es un arma blanca de hoja corta, con guarnición para cubrir el puño y de doble o más filos, una definición que retrata bastante bien el proyecto carretero anunciado por el Gobernador de Santa Cruz y su homónimo paraguayo: una vía que genera “desarrollo”, transporte de carga, puestos de trabajo, inversiones, salida hacia la hidrovía Paraná-Paraguay, sin tener en cuenta en absoluto los costos sociales y ambientales que una carretera así podría provocar.
El Ñemiguasu es en primer lugar parte del territorio ancestral del pueblo guaraní que demandó bajo dicho nombre al INRA para titularlo como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en la II Marcha Indígena de 1996 (Valdez & Rojas 2003). En el proceso de saneamiento de tierras quedó fuera de las áreas de titulación de la provincia Cordillera, por tanto, dentro de la estrategia de reconstitución territorial que el pueblo guaraní planteó recuperar este territorio como área protegida, al igual que el Kaa-Iya. Es por ello que en 2010 fue incluido el Ñemiguasu como Área de Conservación e Importancia Ecológica (ACIE) en el Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae. En 2019 los órganos de la Autonomía Indígena aprobaron la Ley No. 033/2019 con la que se consolidaron los límites del Ñemiguasu y el Ministerio de Medio Ambiente comunicó la incorporación del área dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) como área de conservación subnacional.
La alianza entre sectores productivos cruceños y gobierno del MAS llegaron a su clímax entre los años 2011-2015[2] cuando el ejecutivo entregó no solamente normativa regresiva en materia ambiental y de derechos indígenas, sino una voluntad política que allanó requisitos y procedimientos en pos de la “productividad”. Así los trámites para desmontes ante la ABT empezaron a aprobarse en tiempos récord y con bajos controles, los contratos y licencias ambientales para minería en áreas protegidas recibieron un fuerte impulso con la entrada en vigencia de la Ley de Minería, las modificaciones al proceso de consulta previa indígena para operaciones petroleras volvieron el ejercicio de este derecho un mero procedimiento administrativo.
En ese contexto de algarabía productiva el Estado tomó la decisión de disponer de los más de 3 millones de hectáreas de tierras fiscales para comunidades campesinas sobre todo en el departamento de Santa Cruz a través de la dotación masiva mediante la implementación de procedimientos expeditos y sin consulta con la Comisión Agraria Departamental ni coordinación con los gobiernos municipales, sobre la base de una interpretación excluyente de las competencias constitucionales al Nivel Central del Estado. Dentro de estas tierras, mayoritariamente de vocación forestal, estaba el Ñembiguasu, entre medio de los dos parques nacionales Kaa-Iya y Otuquis. Entre 2013 y 2018 en el Ñemiguasu el Estado entregó más de 80 resoluciones de asentamiento por una superficie de más de 160.000 hectáreas, es decir más del 10% del territorio. Adicionalmente en 2019 se produjo la catástrofe ambiental más devastadora que hayamos conocido en Bolivia, que comprometió con incendios de cuarta generación en más del 40% de su superficie. Los incendios asociados a los intentos de asentamientos y el proyecto carretero, hacen sospechar que estas desgracias hayan sido provocadas adrede.
Esta catástrofe llevó a la autoridad ejecutiva de Charagua el prof. Ronal Andrés Caraica, a plantear una Acción Ambiental Preventiva ante el Juzgado Agroambiental de Camiri, el cual dictó, después de una inspección ocular en terreno, una Pausa Ambiental, ratificada por el Tribunal Agroambiental con el Auto 11/2022 de 9 de febrero, que impide la realización de actividades que comprometan la estabilidad ambiental del Ñemiguasu, establece controles estrictos en los caminos de ingreso, suspensión de permisos de desmonte, chaqueo o quema, etc. Desde esta fecha han sido múltiples los intentos del INRA y las comunidades de ingresar y realizar trabajos para consolidarse, la Pausa Ecológica y la Justicia Agroambiental los ha tenido a raya, hecho que se ha ratificado en la baja verificación de incendios en la zona, al menos provocados en la misma área.
Este anuncio del Gobernador de construir una carretera por medio de un área no solamente extremadamente frágil, está en fase de recuperación ambiental después del tremendo daño provocado por los terribles incendios de 2019. Se trata de una daga artera que tiene el filo que representa las supuestas inversiones, puestos de trabajo y demás inflados beneficios que siempre se anuncian en estas ocasiones, y que hacen brillar los ojos a inversores y políticos. Sin embargo, tiene el contra filo de los tremendos costos de deshacerse de un bosque que representa tal vez el último refugio de los ayoreos en aislamiento voluntario, que cumple además la tarea de conectar el Bosque Seco Chiquitano y el Chaco Boreal, pero que por sobre todo pone freno a los entusiastas ganaderos paraguayos que pretenden seguir aumentando su frontera agropecuaria a costa de este territorio ancestral.
[1] De acuerdo a la nueva gramática guaraní, el término correcto es Ñemiguasu y no Ñembi Guasu, que corresponde a como se escribía y pronunciaba antes de la estandarización de esta lengua.
[2] En una faceta más pragmática del Proceso de Cambio en el que éste abandonó la Revolución Democrática y Cultural, por la Revolución Productiva.