Los bosques del Gran Chaco son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia. Allí, la tala y el desmonte avanzan sin pausa. Durante el primer semestre de este año, la parte argentina del ecosistema sufrió la deforestación de 59.557 hectáreas, una porción de tierra equivalente a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos surgen de imágenes satelitales recabadas por la organización ecologista Greenpeace. El avance de la frontera agropecuaria —en especial para cría de ganado y siembra de soja, con destino de exportación— afecta más a las provincias del Chaco y Santiago del Estero, y se produce mayormente de manera ilegal, gracias a la falta de persecución y penalización de las infracciones. En el caso chaqueño también intervienen otros factores: la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques y, según denunció ante la Justicia la Asociación de Abogados Ambientalistas, la connivencia entre funcionarios y empresarios del sector agroindustrial —que, muchas veces, son las mismas personas—.
La región del Gran Chaco se extiende en parte de los territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios. La destrucción de ese ecosistema forestal se está acelerando, al menos en su área argentina. En lo que va de este año, el estrago de las topadoras y las motosierras fue un 15% superior al registrado en el primer semestre de 2023, cuando se habían desmontado 51.600 hectáreas, detalló Greenpeace. De acuerdo con las estimaciones de la organización, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, dice Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. El 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, detalla. “En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, ejemplifica. “La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos.”
Para Giardini, hay una situación de emergencia que “debería llevar a que los gobiernos prohíban los desmontes en lugar de promoverlos. El sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, la penalización se hace necesaria”. Hoy, explica, a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, pagan holgadamente las multas vigentes.
Ante los datos de deforestación revelados por Greenpeace, la Dirección de Bosques del Chaco planteó que el informe del primer semestre incluye no sólo desmontes ilegales, sino también actividades autorizadas que abarcan a unas 7.000 hectáreas. También remarcó que se están tomando medidas para controlar la deforestación ilícita, entre las que destacó la incautación de topadoras.
“Ecocidio y exclusión”
La información del Sistema nacional de monitoreo de los bosques nativos indica que, de los casi 7 millones de hectáreas boscosas perdidas en el último cuarto de siglo en Argentina, más de 800.000 hectáreas se ubican en el Chaco, una de las 23 provincias del país. En ese contexto, la legislatura provincial aprobó en abril pasado —tras un veloz tratamiento que excluyó la participación de la comunidad— una actualización del Ordenamiento territorial de bosques nativos. La reforma extiende las áreas donde se podrá autorizar la deforestación, según denunciaron organizaciones ecologistas como Fundación Vida Silvestre, Greenpeace y el Colectivo Somos Monte Chaco. Las entidades advirtieron que se verán afectadas zonas del Parque Nacional Copo y de las reservas La Pirámide y Loro Hablador, entre otras.
“La inconstitucional ley votada es el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, persiguen un mismo objetivo: diseñar un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse ilícitamente”, señala una denuncia penal de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. La presentación, realizada ante la Justifica federal chaqueña, precisa que el rédito buscado radica en “la revalorización monetaria de las tierras recategorizadas, la expansión de la frontera agropecuaria, el aprovechamiento de la mano de obra vulnerable prácticamente reducida a condiciones de servidumbre y la comercialización de la madera y subproductos”.
La denuncia solicita una medida cautelar que suspenda los efectos del nuevo ordenamiento territorial y que detenga toda actividad de destrucción del bosque nativo. El núcleo de la acusación es el supuesto “accionar coordinado” de funcionarios, legisladores y empresarios, que pasan sucesivamente del sector privado al sector público, y a quienes se atribuyen los delitos de defraudación, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, entre otros.
La Asociación de Abogados Ambientalistas analizó los permisos de desmonte autorizados por la provincia en los últimos años y advirtió que, en múltiples casos, fueron extendidos por funcionarios que antes o después tuvieron actividad empresaria en rubros vinculados con la producción forestal o agropecuaria. Del mismo modo, la reforma del ordenamiento territorial fue impulsada por legisladores vinculados a esos mismos sectores productivos. Se trata de una problemática reconocida internacionalmente como de las “puertas giratorias” o, también, “el zorro en el gallinero”. Hasta el momento, la administración chaqueña, encabezada por el gobernador Leandro Zdero, ha optado por no responder a las acusaciones.
“No hay país que haya salido de la pobreza con un modelo primario exportador de recursos naturales”, dice Enrique Viale, presidente de Abogados Ambientalistas. “El Chaco”, asegura, “es la mejor demostración de que no sirve este modelo colonial: es la zona más desmontada y una de las más pobres del país. Hay una mafia aprovechándose del ecocidio y la exclusión social”. (Tomado de El País)
